30.000 submarinos.

Ante su previsible debacle electoral, José Antonio Griñán está dispuesto a nombrar como funcionarios de la Junta de Andalucía con todos sus derechos a 30.000 compañeros socialistas y sindicalistas procedentes de las innumerables sociedades anónimas, agencias y fundaciones privadas que están siendo los instrumentos para el desvío del dinero público hacia bolsillos de políticos y sindicalistas andaluces, ante la consternación de los funcionarios de carrera que han tenido que pasar ante duras oposiciones para obtener su puesto para toda la vida. Todo esto con la ayuda y el aplauso de los sindicatos  CCOO y UGT que ya se han quitado definitivamente la careta.

Como la mayoría de las comunidades autónomas, la Junta de Andalucía mantiene una red de empresas públicas que forman toda una administración paralela. Al tratarse de entidades constituidas al amparo de la legislación societaria, todo este entramado de agencias, fundaciones, institutos y demás entes públicos no está obligado a seguir los requisitos y controles que el régimen jurídico de las administraciones públicas exige para cualquier órgano oficial. Así pues, y en lo referido a la política de personal, un órgano de este gobierno paralelo puede contratar a los trabajadores que estarán a su servicio sin necesidad de convocar las preceptivas oposiciones bajo los principios de igualdad, publicidad y mérito que se exigirían si fuera una dependencia orgánica de la comunidad autónoma.

Esto es lo que ha venido haciendo la Junta de Andalucía en los últimos años, con el resultado de que actualmente hay más de 30.000 trabajadores en esta administración paralela que, de permanecer bajo el actual estatus jurídico sometido a la legislación laboral, podrían ser despedidos en caso de que los nuevos responsables autonómicos así lo decidieran, por ejemplo, para racionalizar los costes de una administración desmesurada.

Con la operación destinada a blindar a más de treinta mil contratados a dedo, los socialistas andaluces acreditan nuevamente el mérito de ser la organización más creativa a la hora de esquilmar las arcas públicas con cierta apariencia de legalidad. No hay grupo humano más voraz que una horda de sociatas meridionales encaramada al poder, como saben perfectamente los ciudadanos que han de padecer esta situación por más de ocho años seguidos. En Andalucía llevan ya más de treinta, así que calculen.

El razonamiento del equipo de Griñán ha sido el siguiente: Puesto que resultaría obsceno hasta para una organización tan desvergonzada como la nuestra convertir de golpe en funcionarios a los más de tres decenas de miles de “compañeros” que hemos enchufado, hagamos que los chiringuitos que hemos creado para mantener a tanto inútil pasen a formar parte de la estructura orgánica de la Junta de Andalucía. ¿No es genial? Así nadie puede acusar a los socialistas de haber convertido en funcionarios a los 30.000 familiares y afiliados que cobran del presupuesto autonómico, pero el resultado es el mismo puesto que a partir de este momento ya no son trabajadores de sociedades anónimas, agencias y fundaciones privadas varias a los que se puede despedir de un plumazo, sino empleados públicos dependientes del organigrama administrativo de la Junta de Andalucía, lo que para el caso es lo mismo que ser funcionario de carrera.

El resultado es que el nuevo presidente de la Junta de Andalucía, si es que cambia el gobierno en las elecciones del año próximo, tendrá a más de treinta mil submarinos del PSOE encargados de llevar a cabo, en su caso, las decisiones políticas del nuevo equipo de gobierno. ¿A quién van a obedecer todos estos compañeros? ¿A Javier Arenas o bien a la organización que los ha colocado en la ubre autonómica junto con toda su familia? Pues hombre, es fácil comprender que un número indeterminado de ellos tendrá la tentación de actuar lealmente, pero con La Pesoe, corporación a la que deben su fortuna, esperando que los andaluces pierdan de nuevo la memoria y caigan de nuevo en la trampa del señuelo de la “igualdad” socialista.