La Unión de Oficiales pide a la juez Cillán que interrogue al artificiero Fernando Blázquez, mano derecha de Manzano
La Unión de Oficiales de la Guardia Civil (UO) ha identificado al tedax de la máxima confianza de Juan Jesús Sánchez Manzano que pudo hacerse cargo de los cientos de muestras que se recogieron en los trenes del 11-M. Al tribunal que juzgó la matanza sólo llegaron 23 vestigios de pequeño tamaño, circunstancia que impidió determinar con absoluta certeza la marca del explosivo que utilizaron los terroristas. El resto, desapareció.
La Unión de Oficiales, que representa al 50% de la escala ejecutiva de la Guardia Civil, solicitó el pasado viernes ante la juez Coro Cillán una batería de diligencias que tiene por objeto, precisamente, acreditar cuál fue el destino de esas muestras y precisar en qué eslabón se rompió la cadena de custodia de las pruebas del mayor atentado de la Historia de España.Además de otros tres interrogatorios a funcionarios policiales, los oficiales de la Guardia Civil piden la citación como testigo del artificiero Fernando Blázquez, al que señalan como «responsable de la cadena de custodia» porque «al parecer se hizo cargo de las muestras y de la elaboración de periciales» a propuesta del imputado Sánchez Manzano, a cuyas órdenes «trabajaba directamente».
Se trata de la primera iniciativa de la UO desde que hace tres meses anunció su personación para impulsar la causa contra el ex comisario jefe de los Tedax y su perito químico, imputados por encubrimiento, omisión del deber de perseguir delitos y falso testimonio tras la querella que presentó en el verano de 2009 contra ambos la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M. Más recientemente, fueron imputados en ese procedimiento los ex tedax Rogelio Campos, que ahora es directivo de Repsol, y Pedro Ríos, ascendido a comisario jefe de Algeciras.En el escrito del letrado de la UO, Jesús Martín, se reclama asimismo una lista de los tedax que fueron propuestos para recibir condecoraciones en 2004, 2005 y 2006, y la de quienes finalmente la obtuvieron. También se solicita que la Comisaría General de la Policía Científica identifique a los funcionarios que realizaron la inspección ocular técnico-policial de los trenes, porque «este grupo de especialistas tiene equipos específicos para poder llevar a cabo una ardua/detallada tarea de recolección de vestigios probatorios y de ponerlos a disposición del responsable de la custodia hasta que éstos lleguen a su destino final».
Por último, la UO pide que la Comisaría de los Tedax remita al juzgado un listado de los artificieros que intervinieron en la selección de las muestras y que la Subdirección de Recursos Humanos de la Policía informe de los participantes en los cursos en desactivación de explosivos que hubo en marzo de 2004, ya que el imputado Ríos dijo ante la juez que alguno de ellos había presenciado la recogida y traslado de restos en la estación de El Pozo.
El procedimiento contra el jefe de los Tedax en el 11-M, Juan Jesús Sánchez Manzano -recientemente ascendido a comisario principal por el Ministerio del Interior-, ha entrado en una fase decisiva desde que a mediados de marzo declarase ante la juez un amplio grupo de artificieros de la Brigada Provincial de Madrid. Todos coincidieron en que los tedax de la Unidad Central [la que dirigía Manzano] incumplieron el protocolo en caso de atentado y se hicieron cargo de las muestras que luego desaparecieron sin clasificar y sin etiquetar, pese a que fueron advertidos de que hacerlo así rompía «la cadena de custodia». «Aquí mando yo», les habría respondido el ahora imputado.
El resultado fue que al tribunal del 11-M sólo llegaron 23 pequeños restos, algunos casi inservibles. El propio Manzano reconoció ante la juez que destruyó la mayoría, aunque el reglamento de los Tedax le atribuye a él la responsabilidad de su custodia.
Esa normativa también dispone que la «competencia exclusiva» para el análisis de los restos de explosivo corresponde a la Policía Científica y, de hecho, así se ha hecho en todos los atentados; con una notable excepción: el 11-M. Manzano retuvo las muestras para que su perito las analizase en el rudimentario laboratorio de los Tedax y nunca las envió a la Policía Científica, pese a que los resultados que obtuvo fueron prácticamente inútiles
SEBASTIÁN TORRES
ANTONIO SALVADOR / Sevilla
ANTONIO SALVADOR / Sevilla
28/06/2011
La juez de los ERE entrega el caso a la Guardia Civil
Se lo quita a la Policía de Rubalcaba, que llevaba dos años investigando
La juez que investiga el fraude de los ERE de la Junta de Andalucía, Mercedes Alaya, emitió ayer un auto por el que retira a la Policía Nacional de la investigación del caso y encomienda estas tareas a la Guardia Civil. Así lo pudo conocer EL MUNDO en fuentes judiciales, que señalaron que la juez no concreta ninguna causa en la que se base esta decisión.En ese auto, según las mismas fuentes, se informa a la Unidad de Policía Judicial adscrita a los juzgados, dependiente de la Policía Nacional, de que cesa en las funciones que venía desempeñando y la conmina a traspasar toda la documentación a la Guardia Civil, para que sea la unidad de Policía Judicial de este cuerpo la que se encargue, desde ahora, de la investigación de los ERE.
La decisión de la juez Alaya puede resultar sorprendente por cuanto que la Policía Nacional llevaba más de dos años investigando el caso. De hecho, los agentes del Cuerpo Nacional de Policía tienen el caso en sus manos desde antes incluso de que recalara en el Juzgado de Instrucción número 6, que dirige la juez Alaya.
La Policía Nacional fue la que inició la investigación de estos hechos en febrero de 2009, cuando la Fiscalía de Sevilla le encomendó la transcripción de la conversación en la que dos directivos del mercado de mayoristas Mercasevilla exigían, presuntamente, una comisión ilegal a dos empresarios a cambio de una subvención previamente concedida por la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía.Las declaraciones de los dos directivos ante la Policía Nacional, donde reconocieron sus voces en la grabación, son hasta el momento, además de la propia conversación en sí, las principales pruebas del presunto cobro de comisiones del caso Mercasevilla, el tronco del que luego se ramificó la trama de los ERE.
Al hacerse cargo de la investigación delcaso Mercasevilla, después de la querella presentada por el PP en abril de 2009, la juez Alaya continuó confiando en la unidad de la Policía Nacional para el desarrollo de las investigaciones.De las pesquisas iniciales se desgajó después la presunta trama de tráfico de influencias para saquear la Junta de Andalucía mediante ayudas ilegales a empresas en crisis para prejubilar a sus trabajadores. En el marco de esta investigación, la Policía Nacional obtuvo la declaración en la que el ex director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía, Javier Guerrero, revelaba la existencia de un fondo de reptiles
MARÍA PERAL / Madrid
28/06/2011
EEUU reclama más datos de las cuentas de Garzón
La Sala Penal del Supremo solicitó hace cuatro meses los ingresos del juez en una entidad bancaria en Nueva York
Las autoridades de Estados Unidos no han enviado a la Sala Penal del Supremo los datos relacionados con una cuenta abierta por el juez Baltasar Garzón en una entidad bancaria de ese país y en la que ingresó el sueldo que percibió durante su estancia en la Universidad de Nueva York entre marzo de 2005 y junio de 2006.Esos datos fueron solicitados por la Justicia española hace cuatro meses a la vista de la imposibilidad de conocer por otras vías las cantidades percibidas en Nueva York por Garzón, que compatibilizó esos ingresos con su nómina de juez.
Estados Unidos ha contestado al Supremo que para facilitar los extractos bancarios necesita «suficiente» información de que esas cuentas bancarias están relacionadas con los indicios existentes contra el juez por supuestos delitos de cohecho y prevaricación.
El instructor de la Sala Penal del Supremo en este procedimiento, Manuel Marchena, libró el 16 de febrero una comisión rogatoria a Estados Unidos al amparo del Tratado de Asistencia Jurídica Mutua firmado por ese país y España en 1990.
El magistrado solicitó «el detalle de todos los movimientos contables asociados a las cuentas corrientes que puedan existir o hayan existido» a nombre de Garzón en Citibank de Nueva York y aclaraba que el querellado, según él mismo ha manifestado al Supremo, intentó conseguir los extractos bancarios sin conseguirlo.
Marchena informaba de que el procedimiento penal que se sigue contra Garzón por supuestos delitos de prevaricación y cohecho «tiene por objeto la investigación de la posible aceptación por el querellado de dádivas o regalos ofrecidos en atención a su cargo, así como esclarecer la influencia que esos regalos pudieran haber tenido en la resolución de los asuntos judiciales sometidos a la jurisdicción del propio querellado».
A lo largo de la investigación se ha sabido que Garzón solicitó y obtuvo de relevantes bancos y empresas (Santander, Telefónica, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria -BBVA-, Endesa, Cepsa) cantidades cercanas al millón de dólares para financiar cursos dirigidos por el juez en la Universidad de Nueva York (UNY).
En una resolución dictada el pasado mes de septiembre, Marchena indicaba que el juez de la Audiencia Nacional «percibió una importante cantidad de dinero que le fue abonada por el Centro de Derecho y Seguridad, entidad [de la UNY] en cuyas cuentas corrientes fueron ingresadas las sumas desembolsadas al menos por Telefónica, BBVA, Endesa y Cepsa».
Por su parte, el Banco Santander financió con 327.000 dólares unas conferencias moderadas por Garzón en el Centro Rey Juan Carlos, adscrito también a la UNY. El citado centro pagó los gastos de escolarización de la hija del juez en la Escuela Internacional de Naciones Unidas (21.650 dólares) y le abonó gastos de viajes por valor de 22.152 dólares.
En el curso de la instrucción aparecieron cartas en las que Garzón se dirigía al presidente del Santander, Emilio Botín, como «Querido Emilio» para pedirle nuevas contribuciones económicas. Tras su reincorporación a la Audiencia Nacional, el juez recibió una querella dirigida contra Botín y otros directivos del Santander y la inadmitió a trámite.
Por lo que se refiere al BBVA, unas semanas antes de marcharse a Nueva York Baltasar Garzón sentó en el banquillo a Emilio Ybarra y a otros dirigentes del clan de Neguri, lo que facilitó que Francisco González quedara como presidente único de la entidad. Al poco tiempo, el juez escribió a González con objeto de que contribuyera a la financiación de un seminario sobre terrorismo que Garzón dirigía en el Centro de Derecho y Seguridad de la UNY.
Según indicaba el instructor del Supremo en su auto de septiembre, es necesario precisar «el cuánto,cuándo, cómo y de quién respecto de las cuantías percibidas» por el juez investigado durante su estancia en la UNY, para aclarar la posible relación de esos abonos con los patrocinios solicitados y obtenidos.
A esa finalidad se encaminaba la práctica de la comisión rogatoria respecto a la que Estados Unidos ha requerido más precisiones.
PABLO ROMERO / Madrid
28/06/2011
'Caso Anonymous': la Policía grabó llamadas entre un cliente y su letrado
Los agentes contactaron con uno de los detenidos en la acampada de Sol
Rastreos con nicks falsos en salas de chats, escuchas telefónicas e incluso encuentros físicos durante la acampada de la Puerta del Sol del pasado mes sirvieron para identificar, y posteriormente detener, a los tres líderes de Anonymous en España. El sumario del caso, además, refleja decenas de folios con escuchas telefónicas a uno de los acusados, con transcripciones de conversaciones entre éste y su abogado defensor.
Para pinchar un teléfono, al afectar varios derechos fundamentales, se necesita una orden judicial. El 21 de mayo, la juez de Gijón Ana López Pandiella ordenó las escuchas a uno de los tres supuestoslíderes de Anoymous en España, detenidos el 15 de junio.
En el sumario hay cerca de 150 páginas de transcripciones, y en algunas de esas escuchas aparece reflejada parte de la estrategia de la defensa.
Por ejemplo, reproduce íntegra una conversación en la que el abogado David Maeztu comenta con su cliente su intención de plantear la nulidad de su identificación a través de la dirección IP, porque se le acusa de un delito que no es grave. Dicho abogado planteó efectivamente esta cuestión a la juez, que terminó desestimándola.
Otras conversaciones entre abogado y cliente giran en torno a los momentos en los que el acusado tenía acceso a internet -por la naturaleza de su trabajo como marino mercante-, un asunto clave ya que la defensa pretendía demostrar que estaba embarcado los días en los que se produjeron algunos de los supuestos ataques a webs.
En una conversación telefónica con el abogado, éste remarca que el asunto «es grave». «Mi nombre aparece identificado como abogado, es decir, que quienes han transcrito lo grabado lo sabían», afirma Maeztu. «Y, aun así, siguieron reproduciendo las conversaciones».
Las transcripciones de las conversaciones grabadas son proporcionadas por la Policía a partir de las grabaciones que efectúa el Sistema Integrado de Interceptación de Telecomunicaciones (Sitel).
«Sitel lo graba todo, y ahí no está el problema. No obstante, la anotación en la que se me identifica como abogado es una intervención humana, no tiene que ver con el sistema». Maeztu apunta que el trabajo de la Policía es, «en teoría, analizar las conversaciones y sacar conclusiones». «Lo que pasa es que me da la sensación de que aquí se ha hecho al revés: tenían una conclusión y se pusieron a analizar las conversaciones».
Caza al 'hacker'
Las pruebas presentadas por el Grupo de seguridad Lógica de la Brigada de Investigación Tecnológica (BIT) de la Policía Nacional, reflejadas en el sumario al que ha tenido acceso EL MUNDO, permiten reconstruir los pasos que siguieron los investigadores para cazar a los presuntos responsables de los ataques. Éstos iban dirigidos contra los sitios de la SGAE y el Ministerio de Cultura, así como los de algunos partidos políticos y el de la Junta Electoral Central, que la Policía llega a relacionar con el 15-M ya que, según afirma, «fue solicitado por gente en la acampada de Sol».
La localización en Gijón de uno de los servidores que daba servicio a salas de chat desde donde se coordinaban ataques fue clave para identificar a los supuestos responsables de Anonymous en España.
Algunos agentes se introdujeron en chats con el nick Sprocket y se ganaron la confianza de un administrador, WickEr, quien dio la pista sobre el primer identificado, cuyo nick es Devnuller, marino gijonés detenido en Almería
Por su parte, los agentes infiltrados lograron «ganarse la confianza» de otro usuario, Mugen. Para identificarle, consiguieron que éste les diera su número de móvil y quedaron en la Puerta del Sol de Madrid el 26 de mayo, coincidiendo con la acampada de indignados, resalta el sumario. Con disimulo, el agente encubierto avisó a otros agentes, que le hicieron una identificación rutinaria. El 31 de mayo sería detenido en Barcelona.
De las declaraciones de este detenido, la Policía deduce que «Anonymous necesita tener una infraestructura y una organización».
Por último, WickEr, contactado en primer lugar por los agentes, fue localizado a partir de un número de teléfono móvil.
Madrid
28/06/2011
Los obispos piden incumplir la Ley de Muerte Digna
La Conferencia Episcopal Española (CEE) ha aprobado un documento en el que afirma que la Ley de Muerte Digna «no debe ser obedecida» y que hay que procurar «con todos los medios democráticos disponibles, que sea abolida, modificada o bien no aprobada». «Las leyes que toleran e incluso regulan las violaciones del derecho a la vida», continúa el texto, «son injustas. Esas leyes ponen en cuestión la legitimidad de los poderes públicos que las aprueban».
El secretario general y portavoz de la CEE, Juan Antonio Martínez Camino, señaló en rueda de prensa que la norma no es una «ley justa» y que, por tanto, «no obligaría a su cumplimiento si no se modifica». En este sentido, aseguró que esto no quiere decir que la Iglesia Católica rechace la democracia, sino que «justamente» la «está ejerciendo de manera fundamental».
MARK WIETING / Madrid
Especial para EL MUNDO
Especial para EL MUNDO
28/06/2011
Vivir con una identidad falsa cuesta 1.100 euros en España
Las mafias búlgaras aumentaron su negocio en nuestro país con carnés robados
A partir de hoy tu nombre es Iván y tus apellidos Donchev Penkov» le dijo Mitko, el integrante de una mafia búlgara, a un periodista de EL MUNDO TV que ha vivido durante varios meses con una identidad que no es la suya. Los datos pertenecen a una persona nacida el 12/ 12/ 79 en Sofía, que nunca ha estado en España.
Con esta nueva identidad, el periodista pudo empadronarse en un ayuntamiento del sur de Madrid, abrir una cuenta con las claves para operar desde Internet, obtener una tarjeta de débito, otra sanitaria y, por si fuera poco, alquilar un apartamento cerca de la Gran Vía madrileña, viajar en avión por Europa y realizar un cursillo con armas de fuego. Sólo con su pasaporte.
El precio de un carné falso es de 1.100 euros, aunque en el paquete la organización incluye también un carné de conducir. Hay que pagar 400 euros por adelantado, entregar una foto, y en sólo tres días, ya está listo. La negociación se hizo en un bar cercano a la plaza de Santa Ana de Madrid.
Estas operaciones suceden con frecuencia y preocupan seriamente a la Policía. Sobre todo porque las «copias cada vez son mejores y difíciles de detectar», según José Mallo, jefe de sección de la Brigada de Falsedades Documentales. Desde la entrada en la Unión Europea de Bulgaria, en 2007, las mafias de este país, que se dedican a la fabricación de pasaportes falsos, potenciaron su negocio. Los compradores no son sólo delincuentes corrientes, también pueden estar interesados aquéllos que viven en una situación irregular en España y no tienen permiso de trabajo. Gracias a un pasaporte búlgaro, un sin papeles puede ser contratado sin ningún problema.
En las oficinas de la empresa Securidoc de Tres Cantos, en Madrid, tienen cientos de pasaportes falsos de diferentes nacionalidades. Allí, se encargan de analizar los métodos que utilizan los delincuentes. Para Javier Mengotti, gerente de la compañía, los documentos que proporciona esta organización búlgara con la que contactó el periodista «son de buena calidad; cambian la impresión láser original por una de tinta, pero mantienen varios elementos de seguridad». Tienen un precio que va desde los 1.000 hasta los 3.000 euros en el mercado negro. Los carnés casi perfectos, que están fabricados para poder pasar fronteras y controles policiales pueden valer de 10.000 a 30.000 euros, dependiendo de la nacionalidad y el nivel de falsificación. «Los más codiciados son los japoneses. El motivo es que con ellos puedes entrar en EEUU sin necesidad de visado», afirma Mengotti. «Los datos son de una persona que no va a salir de Bulgaria», aseguró el mafioso Mitko; Sin embargo, la Policía comprobó que el documento de Iván Donchev Penkov fue robado y denunciado en el año 2007 en Bulgaria. Con esta identidad, el periodista pudo empadronarse en un ayuntamiento del sur de Madrid y, a continuación, acudir a una caja de ahorros y abrir una cuenta.
Habitualmente, las entidades bancarias exigen a los extranjeros, además del pasaporte, el NIE, es decir, el permiso de residencia expedido por la Policía española.
Sin él, es imposible abrir una cuenta. Sin embargo, existen sucursales que en apenas media hora lo tramitan. Eso sí, a cambio de una comisión. «Tiene un coste adicional porque hay que solicitar un certificado de residencia fiscal», dijeron en la caja después de abonar 25 euros. A continuación, el periodista obtuvo el número de cuenta, las claves para operar desde Internet y una tarjeta de débito.
Además, este «búlgaro» consiguió, tener una tarjeta sanitaria que cubre los servicios de cualquier ciudadano español. «Iván, ya puedes pedir cita a tu médico de cabecera», le decían en el centro de salud. Y en las oficinas de la Seguridad Social le entregaron el número de afiliación, garantizando que «siendo búlgaro podría trabajar en España». Bajo está nueva identidad el periodista adquirió un teléfono móvil a nombre de Iván Donchev, alquiló un apartamento cerca de la Gran Vía y pudo viajar en avión por Europa dentro del área Schengen. Pero sin duda, lo más llamativo de su doble vida es que pudo inscribirse en una federación de tiro para recibir clases sobre armas de fuego. Sólo con su pasaporte y tras abonar poco más de 500 euros, consiguió su carné de federado.
El carné falso es, en general, la puerta previa para cualquier delito, «para abrir una cuenta corriente y enviar transferencias de dinero negro o alquilar un coche para luego robarlo», advirtió la Brigada de Falsedades Documentales.
De ahí la importancia de acabar con gente como Mitko, el creador de la doble identidad. Este joven búlgaro vive cerca del barrio de Carabanchel, y trabajó varios años como portero de discoteca. Según mandos policiales, se le conoce, además, por vender moneda falsa a gran escala, tanto en billetes de euros como en dólares. Puede tener los días contados en libertad.
Yo no soy yo es el título de este trabajo periodístico que emite esta noche Antena 3 a las 23.45 horas.
