martes, 14 de junio de 2011

ECONOMÍA SOSTENIBLE.

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Sostenible que es un compendio de iniciativas ya anunciadas, buenos deseos y medidas banales que apenas tendrán impacto sobre la actividad económica. Elena Salgado señaló que el objetivo de esta norma es cambiar el patrón de crecimiento económico a un plazo vista de 10 años. Ello suena a la práctica de Josep Borrell cuando era ministro de Obras Públicas y presentaba planes de inversiones para 25 años, de los cuales naturalmente nadie se acuerda hoy.


Desgraciadamente para la ministra, el modelo de crecimiento económico no se cambia por decreto y menos con simples enunciados genéricos. Salgado precisó que se trata de un borrador que tendrá que ser consensuado con los agentes sociales y las comunidades en un intento de justificar esa falta de concreción.
Entrando en el análisis de las medidas, el anteproyecto carece de objetivos de creación de empleo y de crecimiento del PIB, por lo que será muy difícil evaluar su cumplimiento con un criterio objetivo. Inicialmente, el Gobierno contempla para financiar su plan la creación de dos fondos, dotados con un total de 20.000 millones de euros hasta finales de 2011, aportados por el ICO y la banca privada.
El texto aprobado propone «mejoras del entorno económico». Entre ellas, se cita la reforma de los organismos reguladores como la Comisión Nacional de la Energía, la mayor transparencia en las cuentas de las sociedades que cotizan en Bolsa, políticas de remuneración de los banqueros que «promuevan una gestión del riesgo responsable» y una mejor información al consumidor. Todo ello está muy bien, pero Salgado no explicó ni cuándo ni cómo lo va a hacer.
El borrador habla de «sostenibilidad» de las Administraciones públicas, obligando a programas de austeridad en el gasto e informes sobre la deuda a proveedores, lo que no garantiza la reducción de un déficit presupuestario que este año superará el récord del 10% del PIB.
Entre los planes del Gobierno figuran también la agilización en los trámites de creación de empresas, la reducción de las tasas administrativas y la reforma de la ley de contratos del Estado, temas que han estado en la agenda de todos los Ejecutivos en los últimos 30 años.
Hay en la nueva norma otro capítulo dedicado a la innovación, en el que se propone la creación de empresas con tecnología punta, lo cual es más fácil de decir que de hacer, máxime cuando el Gobierno ha reducido drásticamente el presupuesto en este apartado. El Ejecutivo hace también un ejercicio de voluntarismo al reducir el plazo de pago de las Administraciones públicas de 60 a 30 días... en 2013.
En materia de vivienda se suprime la desgravación a partir de 2011 para los contribuyentes con ingresos superiores a 24.100 euros, como Zapatero ya había anunciado. Y en materia de energía, se mantiene la vida útil de las nucleares en 40 años y se apuesta por las energías renovables sin cuantificar su coste, mientras el Gobierno se adelantó ayer a aprobar un decreto que obliga a los locales públicos a no sobrepasar determinada temperatura en el colmo del intervencionismo.
Ninguna de estas iniciativas supone reformas estructurales en la economía o incentivos para invertir o crear empleo, por lo que sencillamente cabe calificar este borrador de insostenible intelectualmente en unos momentos en los que «España es el nuevo enfermo de Europa», como dice esta semana The Economist. Estamos, pues, ante un plan de claro signo propagandístico, plagado de incógnitas y con muy escaso impacto en una realidad que sigue empeorando


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